El reconocimiento será otorgado por las organizaciones que trabajan desde hace años en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Amnistía Internacional Uruguay, Comisión de Asesinados Políticos por la Dictadura, Crysol (Colectivo de ex presos y presas políticos), Comisión de Derechos Humanos del PIT- CNT, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Instituto Solidaridad y Desarrollo (ISODE), Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC) y SERPAJ.<

Los empleados de Concierto FM 94.7 (Montevideo), Concierto Punta FM 94.3 (Maldonado), Radio Punta 105.3 (Maldonado) y CX 50 Radio Independencia (Montevideo), solicitan apoyo de los medios de comunicación para la difusión de este comunicado ya que hasta el momento nadie hizo referencia al destino de los 40 empleados que dependen de estas empresas y consideramos que es el momento.

En Asamblea se resolvió:

Se trata de dos convenios celebrados en el marco de la ley 17.805 (derechos de autor de la actividad periodística) que abarcan a los periodistas, camarógrafos y productores periodísticos de la televisión abierta, la Red de Televisión Color y todas las radios de Montevideo.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), con el auspicio del Open Society Institut - Justice Initiative, invitan a las organizaciones de la sociedad civil a participar de un taller teórico-práctico sobre acceso a la información pública en el marco del Programa de difusión del acceso a la información pública que están llevando adelante.

En las paredes escribieron amenazas de muerte contra el periodista Romualdo Santiago. El propietario de la radiodifusora, Humberto López-Lena Cruz, no descartó que el atentado esté vinculado a las críticas por las gestiones del gobernador actual, Ruiz Ortiz, y del ex mandatario, José Murat. Oaxaca se ubica al sur del país.

Venezuela: Agresiones y atentados contra periodistas y medios

La denuncia de censura a la libertad de prensa de periodistas y productores de ese programa, pone en cuestionamiento la credibilidad de todos quienes trabajamos en canal 12, pero fundamentalmente el derecho de la gente a recibir una información transparente.

Más allá de dificultades económicas que pueden ser comprobables, muchos de quienes estamos dentro del canal hemos escuchado en las últimas semanas a integrantes del programa hablar de presiones injustificables.

La sentencia sienta un precedente gravísimo para el ejercicio del periodismo y en los hechos limita la libertad de expresión, así como el debate de asuntos de interés público de modo alarmante.

Asistimos, además, a un cambio en la jurisprudencia que desde hace más de una década mantenía la Suprema Corte (con otra integración) y los Tribunales de Apelaciones que establecía la prevalencia de la libertad de expresión sobre el honor cuando la información divulgada es de interés público.

San José es una zona muy rica en expresiones periodísticas y con muchos trabajadores de la prensa en actividad; en este allí, como en otros departamentos a lo largo del país, se vive una situación de crecimiento en el que las necesidades y expectativas de muchos colegas apuntan a avanzar en la defensa de nuestra profesión, así como en su enriquecimiento formativo y sindical.

Las amenazas fueron realizadas a través de dos correos electrónicos enviados al periodista. En esos dos mensajes quien se presenta como un oficial sulbalterno del Ejército asegura que Lessa mintió al afirmar que la juventud militar rechazaba la actitud asumida por los mandos sometidos a la Justicia por delitos de lesa humanidad.