El encuentro, que constituye el primer espacio de participación social exigido por el artículo 47 de la Constitución, fue solicitado por organizaciones sociales y tuvo como objetivo abordar la crisis hídrica que ya lleva al menos dos meses suministrando agua no potable a la población.

Para Marcos Umpierrez, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía "esta situación no hace más que ratificar la falta de seriedad con que este gobierno ha venido manejando la gestión del agua". 

"Para nosotros no es suficiente haber declarado la emergencia hídrica sino que también debió declararse la emergencia sanitaria, porque el agua que se le está suministrando a los habitantes de la región metropolitana no es potable", dijo Umpierrez en diálogo con Portal APU.uy 

Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) consultado por Portal APU.uy afirmó que se ha mejorado en un 30% los indicadores de respuesta para atender las roturas y por ende las pérdidas de agua "con un compromiso que han asumido los trabajadores de mayor carga horaria y dedicación frente a la crisis".

Marcadas ausencias

Volviendo a la reunión del pasado día 21, el mismo día en que se llevó a cabo la reunión pautada, la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) fue informada mediante un comunicado que tanto la OSE como el MSP no estarían presentes en la sesión debido a otras actividades "impostergables" y a una disposición de la Presidencia de la República que establece que esta última será la única entidad autorizada para informar sobre la problemática del agua potable en el área metropolitana.

Según Umpiérrez "lo que se trata aquí es cambiar el modelo de gestión, pero hay un gobierno que no escucha. Se ha improvisado sobre el tema hídrico, alentando un modelo extractivista y tomando decisiones que en poco o nada ayudan a quienes más lo necesitan" haciendo referencia al descuento de los impuestos decretados por el gobierno al agua embotellada.

Por su parte, Federico Kreimerman, dijo estar "preocupado" por toda esta situación que se ha generado y consideró "necesaria, pero lamentablemente tardía" a la decisión del gobierno de declarar la emergencia hídrica, "llega con por lo menos 43 días de retraso", dijo a Portal APU.uy 

Kreimerman lamentó que ante la actual situación de suministro de agua con altos niveles de salinidad "lo que nos resta esperar de no cambiar las condiciones de lluvia es que la situación empeore en las próximas semanas" y reclamó que "una vez superada esta emergencia se puedan generar los espacios para los debates necesarios en lo que respecta a un plan de inversión y fundamentalmente atacar las causas del problema que responde a un sistema económico que prioriza intereses económicos por sobre la calidad de vida de la población".

Más dudas, menos soluciones

Esta ausencia de las autoridades competentes genera interrogantes sobre el compromiso y la importancia que se le otorga a esta situación de crisis hídrica que afecta a la población.

Además, "resulta preocupante que, a pesar de haber transcurrido 20 días desde la planificación de la sesión, no se hayan enviado los documentos que serían trabajados en la misma, incumpliendo así lo estipulado en el reglamento y sin responder a las solicitudes expresas realizadas al respecto", señalaron las organizaciones sociales en un comunicado público dado a conocer este miércoles 21 de junio.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes del comunicado, entre las que se encuentran la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico, reafirmaron su estado de alerta, al tiempo que reclamaron que las autoridades se hagan presente en los espacios dispuestos por la Constitución "para brindar explicaciones y asumir la responsabilidad de la gestión de esta crisis hídrica".

Luego de 2 horas y media de deliberaciones, los asistentes a la reunión, que no contó con vocería del Ejecutivo nacional, se declararon en cuarto intermedio, a la espera que se consoliden los debidos espacios de diálogo y "que se cumpla con el mandato constitucional de debatir estos temas con los actores sociales involucrados para que se tomen las decisiones adecuadas", resaltó Umpiérrez en diálogo con Portal APU.uy 

A su vez, Kreimerman confirmó que se tiene prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo para este jueves 29 donde se darán a conocer por parte de OSE las condiciones de posibles ingresos de personal al ente hídrico.

El dirigente sindical reivindicó que se trabaje "en el ingreso de por lo menos 900 trabajadores, que han sido los puestos de trabajo que no se han cubierto desde 2018 a la fecha".

"Hoy parece ilógico que se quiera generar un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, cuando se le sigue cobrando a quienes vivimos en el área metropolitana por un agua totalmente alejada de los estándares de seguridad. Es lógico que se le cobre a quienes siguen recibiendo agua potable en sus casas, así como también nos parece lógico que no se le cobre a quienes no se la están suministrando", dijo Umpiérrrez, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía consultado por Portal APU.uy

"Esta falta de compromiso y transparencia por parte de las autoridades estatales viola los principios establecidos en la Constitución de la República, lo que agrava aún más la situación y genera incertidumbre en la población afectada", remarca el comunicado a que tuvo acceso Portal APU.uy.