En el local central de la Comisión Pro Referéndum de Minas accedimos a su palabra. Caggiani y Méndez coincidieron en definir la recolección de más de 800 mil firmas contra 135 artículos de la LUC como una verdadera “hazaña del pueblo uruguayo”, teniendo presente que la campaña de recolección de adhesiones se efectuó en el marco de una pandemia, sin mayores recursos y frente a medios de comunicación nacionales que a su criterio se ocuparon de invisibilizar la actividad que se estaba realizando.

“Según han comentado están dispuestos a debatir y eso es bueno porque hasta ahora era una LUC ‘guacha’, no tenía padre ni madre, no había con quién dialogar”, expresó Caggiani en torno al nuevo posicionamiento anunciado por integrantes de la coalición multicolor al frente del gobierno nacional y sobre la posibilidad de generarse un debate sobre la temática.

Méndez analizó que los artículos recurridos “son nefastos porque son el marco jurídico para un ajuste del capital sobre el trabajo” y que dicho ajuste “se ejemplifica en la última Rendición de Cuentas con recortes que llevó adelante el Poder Ejecutivo en 600 millones de dólares, recortes que fueron puntualmente en políticas sociales, en salarios y en jubilaciones”.

Olivera, por su parte, se refirió a los perjuicios que el articulado genera en la educación pública, sumado a la propuesta recientemente conocida, proveniente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en cuanto a la creación del Bachillerato Interdisciplinario General, donde a los estudiantes solo se les brinda la posibilidad de elegir un “énfasis” en sexto año de liceo, elogiando el hecho de que hayan sido los propios estudiantes “los que se pongan en voz de alerta y en primera línea para enfrentar a esta reforma, porque están hablando de ellos, vendiéndoles la falsa idea que esto es a favor de ellos cuando en realidad esto los condena”.