La Corte Suprema de Chile confirmó la condena contra un oficial de Ejército en retiro por su participación en el secuestro calificado de la ciudadana uruguaya Mónica Cristina Benaroyo Pencu, detenida en Arica en septiembre de 1973 y cuyos restos fueron hallados recién en 2008 al interior de un recinto militar en la Pampa Chaca Oeste, Arica.
Según informa el portal chileno biobio[i] la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó, en forma unánime, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó al entonces teniente Juan Iván Vidal Olgueta a la pena de 3 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del delito.
Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el coronel Odlanier Mena Salinas asumió como jefe militar de Arica, disponiendo que el Departamento II del Regimiento Reforzado N°4 “Rancagua” participara en “investigaciones, interrogatorios y torturas” de detenidos por razones políticas.
En ese contexto político es que Mónica Benaroyo Pencu, uruguaya, militante comunista y licenciada en filosofía, fue detenida el 14 de septiembre de 1973 por efectivos de la Policía de Investigaciones en el hotel “Tynos” de Arica, donde se hospedaba. Desde allí fue trasladada al cuartel policial y luego, el 20 de septiembre, ingresada a la cárcel pública por orden del VI Juzgado Militar.
Si bien cinco días después se ordenó su libertad “por no haberse deducido antecedentes que justificaren la prolongación de la detención”, Benaroyo no volvió al hotel donde residía en tanto que algunos testimonios la ubican en los meses de octubre y diciembre de 1973 en dependencias del Departamento II del Regimiento Rancagua donde se encontraba como detenida y donde era torturada.
Luego de eso fue recién el 16 de julio de 2008 en que fueron encontrados sus restos óseos —sin la cabeza—en un recinto militar en el sector Pampa Chaca Oeste, en Arica.
Los informes periciales del Servicio Médico Legal concluyeron que las osamentas correspondían a Mónica Benaroyo Penco. Además, establecieron que la posición del cuerpo permitía concluir que “fue depositado por terceros” y enterrado “posiblemente en una acción de ocultamiento”.
El medio de prensa referido recuerda que su muerte fue calificada como “sospechosa de criminalidad”, mientras que su certificado de defunción, inscrito en 2010, consignó causa de muerte “indeterminada”.
Concomitantemente el hallazgo confirmó que, pese a existir una orden formal de libertad, la mujer permaneció bajo custodia militar y fue víctima de desaparición y muerte en circunstancias que la justicia calificó como secuestro calificado.
En su resolución, la Corte Suprema descartó los argumentos de la defensa, que buscaban invalidar la sentencia alegando errores en la valoración de la prueba y la existencia de eximentes de responsabilidad, como el “miedo insuperable” o la obediencia debida.
El máximo tribunal sostuvo que los hechos ya habían sido fijados por los jueces de instancia y que esa valoración probatoria escapa a la revisión de la Corte, salvo infracciones graves. “Existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado”, señala el fallo.
La periodista Megam Ossandón afirma que este caso “vuelve a poner en el centro la actuación de organismos militares tras el golpe de Estado y el funcionamiento de recintos como el Departamento II del Regimiento Rancagua, donde —según acreditó la justicia— se realizaron interrogatorios bajo tortura”.
Concluimos nosotros que este caso evidencia, también, la coordinación represiva de las dictaduras de la región, a través del llamado Plan Condor.
[i] Confirman condena a exmilitar por secuestro de mujer uruguaya en 1973:fue enterrada en recinto militar
