Organizaciones socioambientales presentaron un recurso de apelación contra la resolución judicial que se declaró incompetente para analizar los contratos firmados por ANCAP con empresas petroleras para la exploración offshore, y advirtieron que Uruguay avanza hacia una prospección sísmica masiva sin garantías judiciales, ambientales ni democráticas.

En dialogo con el Portal APU.uy  Deborah Díaz, vocera del movimiento “Mar libre de petroleras” informo que tras casi tres meses de trámite, pedidos de informes y actuaciones procesales, el juzgado resolvió no intervenir por considerar que el tema no es de su competencia y derivó el planteo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para las organizaciones, la decisión llega tarde y deja el camino libre a actividades altamente invasivas en el mar territorial, justo cuando los buques de prospección sísmica ya se encuentran en la región.

“Es una negación lisa y llana del acceso a la justicia en un contexto de riesgo ambiental inminente”, sostienen.

El conflicto se agrava por la falta de acceso a la información pública. Desde hace más de una semana, el Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente (donde se publican resoluciones, estudios de impacto y autorizaciones) permanece fuera de línea por “tareas de mantenimiento”, precisamente cuando deberían difundirse datos clave sobre las campañas sísmicas. Las organizaciones denuncian que hoy no existe información oficial en tiempo real sobre qué barcos operan, dónde ni bajo qué condiciones.

La prospección sísmica implica la emisión constante de explosiones sonoras de alta intensidad, cada pocos segundos y durante las 24 horas del día, durante 1000 días con efectos documentados sobre cetáceos, peces y ecosistemas marinos. A diferencia de campañas anteriores, la actual prevé intervenir más del 60% del mar territorial, durante períodos prolongados y con múltiples empresas operando en simultáneo. Pescadores artesanales advierten que experiencias previas provocaron caídas de hasta un 40% en las capturas y impactos que se extendieron durante años.

Mientras el Poder Ejecutivo guarda silencio y no convoca a las organizaciones, los colectivos ambientales esperan definiciones del amparo presentado ante la Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y reclaman una medida cautelar urgente que suspenda las actividades hasta que se revise la legalidad de los contratos y se evalúen los impactos acumulativos.

En este escenario, las organizaciones llaman a movilizarse en Montevideo y Punta del Este. “No se puede avanzar con una exploración petrolera de esta magnitud, a espaldas de la ciudadanía, sin control judicial y sin información pública. Lo que está en juego no es solo el ambiente marino, sino el respeto a derechos básicos y al interés público”, advierten.