El 13 de febrero de 2025, se promulgó el Decreto N° 31/025, que establecía el marco regulatorio para los Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual (SEDICA), abarcando radiodifusión y suscripción, con normativas sobre licencias, condiciones operativas, sanciones y accesibilidad para personas con discapacidad.

Sin embargo, este 1 de abril de 2025, el nuevo gobierno encabezado por Yamandú Orsi decidió suspender su aplicación, argumentando la necesidad de revisar su conformidad con la Ley N° 20.383 y su impacto en el marco normativo vigente.

Según las nuevas autoridades, algunas disposiciones podrían restringir la libertad de prensa o imponer cargas regulatorias excesivas a los operadores del sector. Este movimiento ha intensificado el debate entre regulación y desregulación en el ámbito de la comunicación audiovisual en Uruguay.

Impacto político y administrativo

La decisión ha generado un fuerte choque entre el gobierno saliente y el nuevo ejecutivo. Mientras la administración de Lacalle Pou defendía una normativa estricta para garantizar pluralismo y equidad en el ecosistema de medios, el equipo de Orsi sostiene que la reglamentación podría favorecer la concentración mediática y restringir la competitividad.

Desde un punto de vista administrativo, la suspensión genera incertidumbre en las empresas del sector, afectando sus planes de inversión y adaptación a las normativas. Asimismo, podría derivar en modificaciones burocráticas y legales que retrasen la efectiva regulación del sector.

Reacciones en el ecosistema de medios

El ecosistema de medios en Uruguay enfrenta una encrucijada. La Ley N° 20.383 había introducido avances en accesibilidad y pluralismo informativo, que ahora quedan en pausa. A su vez, la incertidumbre regulatoria podría repercutir en la independencia de los medios y la libertad de expresión.

Desde una óptica institucional, la revisión del decreto podría sentar un precedente en la jurisprudencia uruguaya en términos de regulación mediática. La suspensión de una reglamentación ya promulgada genera dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad normativa en el país.

Críticas del Frente Amplio, academia y sociedad civil

Líderes del Frente Amplio han alertado sobre los riesgos de la Ley de Medios aprobada en diciembre de 2023. El diputado Gabriel Tinaglini calificó la normativa como "un negocio redondo" para los principales medios, señalando la habilitación del acceso a la infraestructura de fibra óptica de Antel como un factor clave para la concentración y extranjerización de los medios.

La Universidad de la República (Udelar) ha advertido que la nueva Ley de Medios "no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación", al habilitar una mayor concentración mediática, limitar la participación ciudadana y reducir la transparencia en decisiones clave sobre uso del espectro y regulación de medios.

Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ha manifestado su preocupación, afirmando que la normativa podría afectar la libertad de expresión y el derecho a la información, constituyendo un retroceso en la protección de estos derechos fundamentales.

El debate sobre la Ley de Medios en Uruguay refleja la tensión entre regulación y desregulación en la comunicación audiovisual. La suspensión del Decreto N° 31/025 ha avivado una discusión clave sobre pluralismo, libertad de prensa y seguridad jurídica.

En este contexto, el desafío del gobierno de Orsi será generar un marco normativo que equilibre la protección de derechos ciudadanos con la viabilidad económica de los medios, garantizando un ecosistema informativo diverso y democrático.