En Uruguay existen entre 160 y 170 radios comunitarias, según la última información conocida por AMARC. Las radios suelen funcionar como parte de proyectos socio-culturales más amplios, y tienen presencia destacada en localidades pequeñas, donde las radios comerciales no entran. Para funcionar es necesario que no tengan fines de lucro (por lo cual nadie vive de esto), contar con al menos 3 personas para la operativa básica y $3000 a $4000 de gastos comunes (sin contar equipamiento técnico, ni alquileres si fueran necesarios).

Dado el carácter social, comunitario y educativo de los proyectos, el Estado suele favorecerlos con prestamos de locales en desuso, que muchas veces están en mal estado, lo cual implica que la comunidad se mueve solidaria y voluntariamente para refaccionar el sitio para dejarlo utilizable. Sin embargo afirman que el sector comercial los ve como un "competidor desleal", lo cual es extraño porque son radios de bajo alcance y no cuentan con pauta publicitaria.

Actualmente, como todos los medios de comunicación, tienen una doble presencia a través de las ondas de radio y la transmisión por Internet, lo cual le permite llegar a personas con un arraigue en las localidades donde transmiten, pero que se encuentran en otra ciudad o incluso en otro país para escucharlos. Las radios comunitarias, son proyectos humanos, que integran a grupos sociales en localidades, ciudades o barrios muy diversos. Y buena parte de ellas, ven amenazada su existencia por los cambios introducidos en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Actualmente para acceder a una licencia de uso de una onda de radio, siendo radio comunitaria, es necesario hacerlo por llamado abierto, donde uno o varios proyectos pueden competir por este segmento del espectro, y en donde comisiones asesoras, así como de vecinos, pueden participar e incidir. Esta licencia es otorgada por un periodo de tiempo variable. Dependiendo si la frecuencia es exclusiva o de uso compartido, en el primer caso por 10 años (con prorroga cada 5 con evaluación en cada período) y de 1 año en el segundo caso (con opción de prorroga también a 1 año).

"Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo constituyendo la transgresión a estas disposiciones, causal para la suspensión o revocación del permiso." Art 4 de la Ley

La visión del gobierno en este punto es restrictiva, y va en contra del espíritu de la ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, ya que busca eliminar las licencias por llamado abierto, y otorgar de manera definitiva la frecuencia para evitar tramites burocráticos lentos, que se podrían aducir a falta de personal. Quienes ven amenazada su posibilidad de existencia son las radios comunitarias que pertenecen a la modalidad de frecuencias compartidas (que serían el 40% de las existentes), ya que no cuentan con personería jurídica.

Dell'Acqua sostiene que esta modificación complica la existencia de estos proyectos, comenta que el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) llegó a asegurar que los medios comunitarios eran "comités de base del FA", lo cual implicó un recurso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) quien los amparó y generó que Guzmán Acosta y Lara tuviera que retractarse. A su vez argumenta, que aceptar estos cambios, sería aceptar una visión comercial de todo el espectro de radiodifusión, que no quieren y no comparten.

También analiza que este proyecto podría responder a una mezcla de una postura ideológica pro mercado, así como a presión del lobby empresarial. "La tendencia es que no hay garantías, ni respaldo al sector comunitario" y "se amenaza con limpiar -barrer- el espectro" radiofónico. Durante este primer año de gobierno, nadie en la administración sabía donde se renovaban las licencias, recorrieron una cierta cantidad de oficinas y dependencias, sin embargo nadie se hacia cargo, hoy entienden por que.

A su vez denuncian el desconocimiento de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), como ámbito formal de intercambio y discusión, la cual no fue avisada, ni tenida en cuenta, sobre los cambios que se proyectan en al rendición de cuentas.