Sin embargo, organizaciones ambientales, actores sociales y sectores políticos cuestionan el alcance del eventual contrato con el Estado, la transparencia de las negociaciones y los impactos ambientales, institucionales y territoriales de una iniciativa que reabre el debate sobre el modelo de grandes inversiones en Uruguay.

Uruguay podría estar a las puertas de concretar una de las mayores inversiones privadas de su historia reciente. El proyecto impulsado por HIF Global para instalar una planta de producción de e-combustibles en Paysandú moviliza cifras inéditas, promete miles de puestos de trabajo, una nueva cadena industrial vinculada al hidrógeno y combustibles sintéticos y una apuesta por posicionar al país en la transición energética mundial.

Pero, al mismo tiempo, el emprendimiento ha abierto un debate que trasciende la dimensión económica. El alcance del eventual contrato de inversión con el Estado, los beneficios que podrían otorgarse a la empresa, los mecanismos de control democrático, el proceso de evaluación ambiental y la utilización de recursos estratégicos como el agua y la energía han colocado el proyecto en el centro de una discusión que involucra desarrollo, institucionalidad, soberanía y sostenibilidad.

Ese debate cobró nuevo impulso tras la difusión de un comunicado del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), que advierte sobre la inminente firma de un contrato de inversión con HIF y sostiene que el acuerdo podría reproducir un modelo de negociación que, según la organización, ya se aplicó en anteriores megaproyectos industriales como los de UPM y Montes del Plata.

Una inversión de escala inédita

HIF Global proyecta desarrollar en Paysandú una planta destinada a producir e-Metanol y otros e-combustibles a partir de hidrógeno obtenido mediante electrólisis y dióxido de carbono reciclado.

De acuerdo con la información presentada por la empresa durante el proceso de autorización ambiental, la inversión alcanzaría los US$ 5.385 millones, con una producción estimada de hasta 876.000 toneladas anuales de e-Metanol.

La iniciativa se desarrollaría en cuatro etapas e incorporaría un parque solar, un parque eólico y la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer una demanda energética cercana a los 2.700 MW.

El emprendimiento fue concebido para instalarse en las proximidades de Paysandú, inicialmente en la zona de Constancia, aunque durante las negociaciones surgieron alternativas de relocalización sobre predios de uso industrial con mejor conectividad ferroviaria y logística, una modificación que distintos actores consideran clave para destrabar el proyecto.

Para la empresa, el proyecto representa la posibilidad de convertir a Uruguay en uno de los primeros productores mundiales de combustibles sintéticos a escala comercial.

La apuesta oficial

Desde la perspectiva de HIF, la iniciativa combina innovación tecnológica, descarbonización e impacto económico.

La empresa sostiene que durante la construcción se generarían alrededor de 1.400 empleos promedio, mientras que la operación permanente demandaría unos 300 trabajadores directos, con la expectativa de que cerca del 70% de la mano de obra provenga del departamento de Paysandú y su área de influencia. También plantea programas de formación técnica y primeras experiencias laborales para jóvenes.

Según la compañía, el diseño del proyecto fue ajustado durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para reducir su huella territorial, ampliar las áreas de conservación ecológica y disminuir algunos de los impactos inicialmente identificados.

La empresa afirma además que el emprendimiento continúa sometido al proceso de evaluación ambiental previsto por la legislación uruguaya y que aún deberá atravesar instancias técnicas y de participación ciudadana antes de obtener una autorización definitiva.

La evaluación ambiental, todavía en curso

Uno de los aspectos centrales del debate es que el proyecto aún no ha culminado su proceso de evaluación ambiental.

HIF presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) la solicitud de Autorización Ambiental Previa junto con el Estudio de Impacto Ambiental, documentos que deberán ser analizados por el Ministerio de Ambiente antes de una resolución definitiva. Ese procedimiento incluye intercambios técnicos con la autoridad ambiental y una audiencia pública como parte de los mecanismos de participación ciudadana.

La existencia de este proceso abierto explica por qué, además de las discusiones económicas, el proyecto concentra expectativas y cuestionamientos vinculados a la biodiversidad, el consumo de agua, la infraestructura energética necesaria y sus efectos sobre el territorio.

El cuestionamiento de MOVUS

En ese escenario irrumpe el comunicado de MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable), cuyo eje no es únicamente el proyecto industrial sino el eventual contrato que el Estado uruguayo suscribiría con HIF.

La organización sostiene que Uruguay vuelve a utilizar un mecanismo de negociación que permite establecer condiciones especiales para grandes inversiones y que, a su juicio, podría comprometer al país durante décadas.

"Subrayamos la inconveniencia de firmar un contrato que, como en casos anteriores, podría comprometer al país durante décadas", afirma el documento.

MOVUS también cuestiona la caracterización pública del emprendimiento como una iniciativa de hidrógeno verde. Según expresa, "el proceso productivo se aleja del concepto de 'Hidrógeno Verde' y se centra en la producción de combustibles sintéticos, sin garantizar siquiera que sean 'carbono neutral'".

A ello suma preocupaciones sobre eventuales condiciones preferenciales para el suministro eléctrico, que —según sostiene— podrían afectar a UTE y ocultar la ineficiencia energética del proceso industrial.

El contrato en el centro de la discusión

Más allá de la planta, el principal foco del comunicado es el régimen jurídico de los contratos de inversión.

MOVUS sostiene que la Ley Nº 16.906 únicamente habilita determinadas exoneraciones tributarias, mientras que el Decreto 477/2008 abrió la posibilidad de negociar contratos especiales para inversiones de gran magnitud.

La organización afirma que bajo ese mecanismo se otorgaron anteriormente beneficios extraordinarios en contratos suscritos con Montes del Plata y UPM, incluyendo compromisos estatales vinculados a infraestructura, suministro energético, rentabilidad y utilización de recursos naturales.

"Lo que está más allá de la ley es, por definición, ilegal", sostiene el apartado jurídico incorporado al comunicado.

A partir de esa interpretación, MOVUS reclama la derogación del Decreto 477/2008 y cuestiona que negociaciones de esta naturaleza puedan desarrollarse sin intervención parlamentaria ni consulta ciudadana.

Más allá del ambiente

Aunque el componente ambiental concentra buena parte de la atención pública, el debate incorpora dimensiones económicas, laborales, energéticas e institucionales.

Para sus impulsores, el proyecto podría transformar la matriz productiva de Paysandú, atraer inversiones complementarias, fortalecer la industria nacional y posicionar a Uruguay en un mercado emergente de combustibles de bajas emisiones.

Para sus críticos, en cambio, la discusión debe incluir el costo de los eventuales incentivos estatales, las obligaciones asumidas por futuras administraciones, el acceso a recursos estratégicos, el consumo energético del emprendimiento y la transparencia con que se negocian compromisos de largo plazo.

Un debate que trasciende las fronteras

La controversia tampoco se limita al territorio uruguayo. El proyecto ha despertado preocupación en la ciudad argentina de Colón y en otros actores de la costa del río Uruguay, donde se plantean interrogantes sobre los posibles efectos paisajísticos, ambientales y turísticos de una planta industrial de esta escala, incorporando una dimensión binacional a una discusión que ya combina intereses económicos, ambientales y geopolíticos.

Lo que viene

Mientras continúan los procedimientos ambientales y las negociaciones entre el Estado y la empresa, el eventual acuerdo con HIF aparece como una decisión que excede ampliamente una inversión privada.

La resolución que finalmente adopte el Gobierno marcará no solo el futuro de uno de los proyectos industriales más ambiciosos de las últimas décadas, sino también el alcance del modelo con el que Uruguay procura atraer grandes inversiones estratégicas.

En ese contexto, la discusión abierta por MOVUS trasciende el contenido de un comunicado: vuelve a colocar en el centro del debate público preguntas sobre transparencia, control democrático, política energética, desarrollo territorial y el equilibrio entre la captación de capitales y la protección del interés general.

Nota de redacción: Hasta el momento de la publicación de esta nota, no contamos con respuesta a las consultas realizadas al ministro del Ambiente, Edgardo Ortuño, así como tampoco por parte del sindicato de UTE a los cuales consultamos sobre el tema en cuestión. Una vez que contemos con dichas respuestas las estaremos incorporando oportunamente.