En contacto con el Portal APU.uy, la activista por los derechos humanos Mag. Andrea Tuana y Tamara García, Secretaria de Jóvenes del PIT-CNT, ambas integrantes de la Intersocial Feminista hablaron sobre lo que puntualiza el comunicado y los intentos de comunicación fallidos  con algunas autoridades del gobierno.

Tuana comenzó remarcando que les preocupa lo que está sucediendo. “Estamos viendo muchos retrocesos en la comprensión del problema y como se define al problema de la violencia de género” y agrega que es alarmante que no se esté priorizando el tema. Lo que esto conlleva, según lo que se está viviendo caso a caso, es un retroceso en las respuestas. Lamenta esto, explicando que le costó mucho tiempo a las organizaciones sociales poder construir un sistema de respuesta para niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. 

Para García, el retroceso no está solamente enmarcado en las políticas públicas específicas para erradicar a la violencia basada en género, “sino que además en el discurso, y es algo que planteamos en el comunicado. Tiene que ver con la perspectiva de quienes hoy están en los puestos de dirección, decisión y responsabilidad” dice al respecto.

“Hemos sido muy críticas en todo momento, y en esta ocasión no podía ser diferente”. Tamara García.

En un pasaje del comunicado, describen que desde el Ministerio de Salud Pública se quitaron las metas asistenciales a los equipos de referencia en violencia de género. Tuana las califica como una herramienta clave para dar una respuesta. Explica que esos equipos se consolidaron, capacitaron y posicionaron en estos últimos años. “Dan una respuesta que es insustituible, porque cuando se detecta violencia en un niño o niña, en cualquier institución, lo primero que se debe hacer es llevarlo a su prestador de salud para que le hagan una valoración de salud” explica y también menciona que pasa lo mismo en el caso de las mujeres. Sobre esto, García comenta que “las autoridades informaron que las metas se van a reestablecer a fin de año. Que fue todo un error porque justo vencían en junio. Tenemos que esperar ahora a ver si se reactivan”, comentó.

“El prestador de salud es muy importante, como una puerta de entrada para que los equipos puedan valorar el riesgo y luego poder orientar a la mujer en los pasos que tiene que seguir”. Andrea Tuana.

Respecto al diálogo que sostienen con las autoridades, Tuana manifiesta que no han obtenido respuesta sobre lo manifestado en el comunicado. “Hemos pedido entrevista con el ministro de salud publica y no nos contesta. Pedimos (otra) con Beatriz Argimón que nos dijo que nos iba a dar la entrevista, pero aún no se concretó nada.” García recuerda instancias de diálogo anteriores y reflexiona diciendo que “las respuestas que nos dan no sabemos si faltan a la verdad, o si están demorados realmente. Eso es lo que nos genera más interrogante.”

 “Además del retroceso tampoco hay canales de diálogo” Andrea Tuana.

Otra carencia que encendió las alarmas de los colectivos es la falta de subsidios de alquileres para mujeres que por situaciones de violencia deben abandonar el hogar en el que estaban. La respuesta que dieron las autoridades al respecto es que momentáneamente se encuentra en pausa el recurso porque se está en proceso de reestructuración y reorganización del programa. “No se puede suspender un programa que da respuesta a una necesidad tan básica como lo es una vivienda para una mujer y sus hijos que escaparon de una situación de violencia, mientras se evalúa.” 

García también se expresa sobre el mismo asunto, agregando que hay mujeres esperando el subsidio desde noviembre de 2020. Y ejemplifica, con las alternativas posibles: o continúan en un hogar violento o se quedan en la calle, por la imposibilidad de poder pagar un alquiler solas. “Lo tal vez más doloroso, es que cuando vamos a plantear estas interrogantes y se nos escucha, nos dicen que el presupuesto (por ejemplo, para alquileres) se duplicó y que en realidad van a dar el doble de cupos.” 

“Es el mínimo respaldo necesario para poder rehacer su vida, después de haber pasado por una situación así”. Tamara García.

También causaron preocupación las declaraciones realizadas en Paysandú por parte de un Fiscal. Para Tuana los funcionarios públicos deben tener capacitación sobre los temas ligados a la violencia de género. “No puede estar dando su punto de vista según su buen criterio, y diciendo que las mujeres no dicen que no a tiempo. (…)  es un tema que requiere de conocimientos científicos y especialización.”

En el comunicado exigen la implementación de la ley 19.580 para frenar los hechos de violencia. García la califica como ejemplo de ley a nivel de Latinoamérica, pero que carece del presupuesto necesario. “Venimos hace tiempo luchando para que sea implementada, pero vemos que desde algunos sectores se empieza a pensar en cómo vulnerar esta ley”.

Tuana define que la ley es integral, ya que además de tener un capítulo dedicado a los delitos penales y la reestructura de la respuesta judicial, también tiene otro dedicado a los compromisos que las distintas instituciones del Estado tienen que asumir. “La ley hace un montón de planteos que no se están cumpliendo. Y eso es lo que creemos, que si se empiezan a desarrollar todos esos planteos realmente haríamos un cambio muy importante en la realidad del país.”

“Sería implementar políticas públicas en toda la institucionalidad, con fondos suficientes para transformar esas acciones. Eso te cambiaría el panorama”. Andrea Tuana. 

Las denuncias sobre violencia que reciben las diferentes instituciones son miles cada año. Para García, hay que pensar en quienes todavía no están recibiendo ayuda. En todos esos niños, esas niñas, adolescentes y mujeres que siguen padeciendo física o psicológicamente la violencia y que no encuentran los ámbitos para manifestarlo o la fuerza para no callarse más.