Portal APU.uy:. Se ha podido avanzar en algún tipo de revisión de la Ley de Urgente Consideración, a la luz de las consecuencias negativas que perciben en el sistema?

AV:. Nosotros como integrantes de la oposición en el directorio lo hemos ido marcando en las sesiones de directorio de INISA pero también cuando hemos tenido oportunidad de ir a las rendiciones de cuentas en el parlamento o a las reuniones parlamentarias que a veces se hacen por estos temas.

No hemos tenido mucho eco y tampoco lo hemos tenido en lo que tiene que ver con el presupuesto; porque si bien esta norma continúa vigente no se han aprobado presupuestos acordes para la atención de estos adolescentes y también para sumar medidas socioeducativas o sea, lo que son proyectos educativos, proyectos laborales para adolescentes que van a estar más de 5 años privados de libertad.

O sea, prácticamente toda su adolescencia en privación de libertad y que van a salir incluso con más de 25 años, porque estamos hablando que si un adolescente ingresa con 17 años -que más o menos es la edad promedio- que tenemos nosotros de población adolescente entre 15 y 17 años, si se le aplica una pena máxima de la LUC, estaríamos hablando de que egresa a los 26 o 27 años.

Quiere decir que se necesitan otro tipo de planes, otro tipo de apoyos para ese adolescente, porque más de más de tres o cuatro años en privación de libertad es muy difícil sostener al adolescente que no se generen conflictos.

Además se necesita que salgan con alguna herramienta para el trabajo o para insertarse rápidamente en el mundo laboral y eso no está sucediendo tampoco o sea; tenemos un gran problema a nivel general de los jóvenes, más que nada si has pasado por la privación de libertado por un régimen de estos.

Portal APU.uy:. ¿Cuáles son las áreas más críticas que ustedes identifican de necesaria acción en este orden, máxime pensando en un inminente cambio de gobierno para el próximo año?

AV:. Primero que nada, nosotros tenemos 13 centros hoy operativos en lo que tiene que ver con Canelones, Montevideo y uno que se encuentra en Minas, Lavalleja. Esos centros están todos en malas condiciones edilicias, lo marca allí el informe de SERPAJ; pero también hemos tenido varios informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y nosotros entendemos que esto tiene que ver, por un lado con poder recuperar el presupuesto que se había aprobado en 2019 para el reacondicionamiento de centros que son muy viejos por ejemplo, los de la Colonia Berro que datan de 1890 / 1900 o sea, son centros que ya están muy viejos, que no se adaptan a poder realizar actividades, talleres con los adolescentes; no son óptimos para las medidas socioeducativas.

Entonces ese presupuesto fue recortado en 2020 cuando vino el recorte para todos los organismos recuerdan que hubo antes de la pandemia un recorte para todos los organismos, eso quedó ahí dentro de ese recorte y no se volvió a recuperar, que es un dinero que se tenía proyectado para poder hacer centros nuevos en Colonia Berro y hacer un realojo de estos centros viejos.

Ese presupuesto debería recuperarse porque sin eso no se podría llevar adelante esas obras pero después, hay otras cuestiones que tienen más que ver con la gestión dentro del INISA de lo que es el área de arquitectura de INISA, de mantenimiento que ahí hay grandes carencias de gestión, de eficiencias o sea; había un plan de obras en 2020 y no se llegó a ejecutar prácticamente.

Y después está todo el tema de la gestión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ha sido un proceso muy lento para que se puedan llevar a cabo obras. Hay un centro que estaba proyectado desde el 2020, que es el Centro Hornero en Colonia Berro, recién ahora se comenzó la obra cuando estaba proyectado en 2020 o sea, también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no tiene que ver con presupuesto porque eso el INISA ya había enviado el presupuesto para realizarse tiene sus lentitudes.

Después están los centros de Montevideo que fueron sí construidos en 2013 / 2014 que fueron construidos con un mal diseño ya de entrada y con algunas carencias constructivas también por parte de la empresa.

Ahí hubo una investigación administrativa que arrojó que también había irregularidades en las supervisiones del organismo, que esas también deberían, a corto plazo revisarse para poder hacer modificaciones estructurales. Obras que ameriten por ejemplo, que los adolescentes puedan tener las comidas en forma conjunta, hoy comen dentro de sus celdas; o sea, no tienen un lugar común para para alimentarse.

Tampoco tienen lugares aptos para poder tener clases de secundaria, tienen apenas algunos salones pero muy reducidos para el número de adolescentes que hoy existen y que además los propios adolescentes en el sistema y dentro de los centros tienen conflictividad; porque también traen conflictos de afuera y entonces eso se tiene que trabajar en grupos.

Si bien se trabaja la convivencia, hay que trabajarla en grupos por separado. Entonces si un grupo está utilizando los salones educativos ya el otro grupo no lo puede hacer y eso es lo que dificulta.

En tercer lugar que no tenés la cantidad de recursos humanos suficientes para acompañar todas esas actividades, porque si bien tenemos la secundaria y la UTU dentro de los centros no es solo que se dirijan desde sus celdas digamos hacia el salón, sino que hay otras actividades. Hay adolescentes que pueden salir, que tienen permiso de salida para hacer determinadas actividades culturales o permisos para para trabajar, para una primera experiencia laboral, otros tienen que ir a atenderse su salud fuera de la institución o a las sedes judiciales y todo eso demanda que un educador vaya a acompañarlo.

Portal APU.uy:.  ¿Cuáles son los factores más recurrentes que ustedes han identificado como los que determinan la privación de libertad de estos adolescentes y cuáles son los mecanismos que se están activando para mitigar que estos factores sigan siendo los predominantes?

AV:. En realidad estamos desde el 2020 luchando para que se instalen equipos de medidas no privativas de libertad en todo el interior del país, porque eso es un cometido que tiene INISA en su ley de creación y actualmente hay equipos que son gestionados por INAU y muy poco gestionados por INISA.

Esos equipos de medidas no privativas en el interior y también en Montevideo y Canelones lo que hacen es tener una oferta de seguimiento por parte de un equipo técnico que lo que hace es volver a insertar a los adolescentes en la sociedad y también trabajar la responsabilización por el hecho cometido y lo que hacen es mitigar la privación de libertad o sea, si nosotros tuviéramos más equipos de estos en territorio trabajando con medidas no privativas tendríamos mayores ofertas para darles a la fiscalía y al poder judicial de forma que menos adolescentes transiten la privación.

O sea, ahí serían derivados menos adolescentes a la privación de libertad y más a estos equipos que se instalen con un proyecto específico para tratar la responsabilización y la inserción social. Eso no está sucediendo en realidad hay muy pocos equipos de estos instalados en el territorio, estamos hablando de que hay en Canelones, Montevideo, San José, Salto y Soriano son los únicos departamentos que hoy tienen este tipo de equipos entonces la fiscalía y el Poder Judicial terminan derivando muchos adolescentes a la privación de libertad como forma de trabajar este problema que se tiene de que han cometido delitos o que han sido captados por redes delictivas.

Con respecto a los delitos en sí, lo que nosotros visualizamos en los periodos pasados el mayor porcentaje de adolescentes provenían por haber cometido delitos de rapiña actualmente, desde el 2020 se ha visto como un cambio.

Si bien la rapiña sigue siendo el mayor delito por el que ingresan los adolescentes también hay un aumento en lo que tiene que ver con los delitos asociados al porte de arma, a los estupefacientes que tiene que ver con todo esto que hablamos del micro tráfico en los barrios, las bocas de pasta base, el transporte de sustancias, de drogas en los barrios. Ese es otro de los delitos que vienen en aumento.

El otro delito en aumento son los delitos sexuales que nosotros vemos que eso Tiene una cara digamos, positiva que es luego de aprobada la Ley de Violencia Basada en Género más víctimas se animan a denunciar, no las circunstancias de abuso, de violencia sexual y esto también sucede en las familias. Entonces, hay adolescentes que son acusados de cometer delitos de índole sexual, delitos de género y esto también está aumentando. En INISA lo que sucede es que INISA tiene que capacitarse y tiene que especializar y profesionalizarse para poder atender estos cambios delictivos en los adolescentes.

Porque además, no es una población como veíamos en otros periodos que rompieran estructuras, no. Si bien hay sí casos de conflictos, donde se rompen algún aspecto edilicio o lo que sea, pero no es una población que sea conflictiva en ese aspecto, pero sí trae otras complejidades que es el consumo problemático el vínculo con el narcotráfico y los delitos de violencia de género. Esas cuestiones tienen que ser trabajadas muy específicamente, no solo por los técnicos.

Nosotros tenemos un área técnica, de un equipo de más de 60 profesionales que trabajan que son psicólogos, trabajadores sociales, que trabajan en aspectos técnicos pero también los educadores que conviven todos los días con los adolescentes, que son estos educadores que yo te decía acompañan a las actividades socioeducativas, tienen que tener una capacitación específica para tratar con los jóvenes que provienen de estos delitos.

Portal APU.uy:. ¿Cómo se pueden superar estas debilidades?

AV:. Nosotros entendemos que el área del gerenciamiento, de las medidas socioeducativas para los adolescentes, que es un área específica de la Institución ha sido mal gestionada.

Hay carencias en la gestión y entendemos que tiene que ver con que hay hacer una reorganización de todo lo que son las medidas socioeducativas que tienen que ver con educación formal o sea, lo que yo te decía hoy, las horas de secundaria y  UTU que se brindan dentro de la institución, que vienen los docentes de esos organismos a brindar las clases en la Institución pero también los talleristas o sea, todo lo que es educación no formal y a su vez agregarle oportunidades de primera experiencia laboral, enseñanza para los oficios, para el trabajo.

Nosotros tenemos desde el 2021 un convenio con el PIT CNT que no se ha podido concretar por un tema presupuestal, de horas docentes, donde se prevé hacer unos cursos de capacitación para determinados oficios, determinadas habilidades para el trabajo y poder también tener la oportunidad de insertarlos en determinadas empresas, organismos que brinden oportunidades reales o sea, en realidad se necesita un gerenciamiento distinto de esa área de medidas socioeducativas porque nosotros entendemos que los organismos están, existen, tenemos la educación secundaria, tenemos también el INEFOP que nos ha brindado apoyos en algunas circunstancias.

Pero con un gerenciamiento que optimice todos los recursos que se tienen se puede llevar a buen puerto, a tener un panorama mejor organizado, para dotarle de varias oportunidades para los adolescentes.

Portal APU.uy:. ¿Cómo percibes que debería transitar el sistema político uruguayo para superar estas debilidades de diálogo y acuerdo en este tema?

AV:. Creo que en realidad habría que ir hacia acuerdos sociales de determinados temas. Se habló muchísimo de los acuerdos sociales con respecto a la seguridad social y de que se debería instalar nuevamente un diálogo social con respecto a eso pero hay otros temas como este, que también deberían tener su diálogo social y sus acuerdos interinstitucionales para hacer cambios reales y que sean políticas de estado.

Nosotros teníamos aprobado también hace mucho tiempo políticas de infancia y adolescencia. Esa estrategia fue muy buena al principio, como un diseño de política pero después no se llevaron a cabo sus objetivos, sus metas y yo creo que tiene que ver con eso; tiene que ser un gran acuerdo que centralice temas importantes y que se hagan ajustes tanto en lo que tiene que ver con las normas jurídicas como tú decías en el parlamento pero también en la gestión de los organismos.

Nosotros tenemos varias oportunidades ahí, una es la Ley impulsada por Cristina Lustemberg que tiene que ver con una Ley Integral donde todos los organismos tienen que acordar al principio del quinquenio y de la gestión los presupuestos y los programas en que se van a comprometer para los objetivos de infancia y adolescencia.

Yo creo que esa es una gran ventana de oportunidades para hacer algunos acuerdos. Y hay también mecanismos que han funcionado en estos últimos años por ejemplo, el PIAS la plataforma de infancia y adolescencia de las organizaciones sociales.

Se hizo un gran congreso hace un mes atrás y llegaron a varios acuerdos entre las organizaciones que tienen que ver con esto, de volver atrás y ajustarnos a lo que tiene que ver con los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño, de tener equipos en el territorio, que trabajen las trayectorias socioeducativas de los adolescentes

Entonces yo creo que un gran acuerdo social y del Estado uruguayo, de los organismos del Estado uruguayo puede hacer que esto funcione, pero tenemos que sentarnos todos en una mesa y acordar determinados cambios, porque en realidad diagnósticos e investigaciones académicas sobre este tema hay muchísimos.

Entonces digo, tenemos 10 años para atrás de investigaciones académicas, si uno hace un relevamiento, tenemos más de 200 o más tal vez investigaciones propias, uruguayas pero después del mundo entero que dan cuenta de que el aumento en la punitividad o sea en el encierro de los adolescentes no te soluciona nada, si no hay por detrás un acuerdo que tenga que ver con brindar oportunidades al egreso, de una verdadera inserción social de los adolescentes.

Portal APU.uy:. Andrea, tú hablabas de las articulaciones entre otras estructuras del Estado entre el INISA y sindicatos, entre lo que tiene que ver con la parte educativa también pero ¿Qué pasa con las familias? ¿Cuál es el contexto familiar de estos adolescentes? ¿Cuáles pueden ser los elementos de contención que entornos familiares pueden brindar a estos adolescentes?

AV:. Se requiere de muchos apoyos para las familias. Nosotros hacemos encuentros con las familias en todos los centros bastante periódicas y lo que se visualiza es que la mayoría de las familias tienen muchas debilidades; más que nada económicas, pero también con respecto a su conformación o sea, muchas familias son madres con muchos hijos que tienen un trabajo precario o abuelas que se hacen cargo de los nietos, con muchos nietos también para donde hacerse cargo con su jubilación.

O sea, hay un montón de cuestiones ahí que tienen que ver con el apoyo a las familias que está faltando y que tiene que ver con haber retirado algunos apoyos y proyectos en el territorio o sea, yo entiendo que ahí se necesita un apoyo económico hacia las familias, porque también eso hace que muchas familias terminen siendo captadas por redes delictivas, porque es una solución para el sustento diario.

Entonces yo creo que ahí se debe ir hacia otros mecanismos que puede ser la renta básica o aumentar las prestaciones que tienen que ver con la tarjeta Uruguay Social, con otras ayudas económicas; pero también tienen que existir equipos técnicos en territorio que puedan hacer seguimiento de las trayectorias de esas familias y que brinden apoyo de otra índole, más de sostén a cuestiones diarias, como puede ser el sistema de cuidados, que es otra cuestión que tiene que estar presente porque las familias son muy numerosas, las familias de los adolescentes que nosotros atendemos y con carencias de todo tipo.

Entonces ahí tiene que ver también un poco la selección que hace el sistema penal, que termina también engrosando los centros de privación de libertad adolescentes con niveles socioeconómicos muy bajos, pero de todas maneras se visualiza estas carencias y debilidades en la población y que tienen que ver no solo con el INISA o sea, el apoyo que puede hacer el INISA es muy accidental o por ese periodo donde el adolescente transita la privación, pero después tiene que ver con el MIDES, con los centros educativos, con los centros de salud que tienen que brindar otro tipo de apoyo a las familias.

Portal APU.uy:. ¿Cuáles consideras que deberían ser las prioridades del próximo gobierno para empezar a atender estas realidades?

AV:.  A corto plazo, creo que mejorar la gestión no tiene que ver con presupuestos, pero hacer una reorganización de lo que tiene que ver con los programas que tiene el propio INISA para cumplir con las medidas socioeducativas, pero también con programas que pueden brindar otros organismos y que no se está trabajando en forma interinstitucional.

Eso por un lado, porque no requiere mayores presupuestos y por otro lado creo que a corto plazo si hay que aprobar algunos presupuestos para este modificación y para y para construcción de centros nuevos o por lo menos, para mantenimiento de los centros edilicios y también otra medida a corto plazo tiene que ser el ingreso de personal. Nosotros ahora estamos, después de cuatro años que hemos pedido que se realice un concurso de ingreso, se está realizando un concurso, pero solo van a ingresar 25 personas porque es el cupo o las vacantes que nos aprobó la Oficina Nacional de Servicio Civil de acuerdo al presupuesto que tenemos.

Tenemos que ir hacia un presupuesto un poco más elevado para poder aumentar el ingreso de más educadores en los centros y después, la cuarta prioridad es esta instalación que yo te decía de los equipos de medidas no privativas en el interior del país; ya que existe ya un modelo de política que se aprobó junto a UNICEF, al MIES, al Poder Judicial, de un modelo de política para el seguimiento de adolescentes en contexto o sea, sin privarlos de libertad pero sí trabajar la responsabilización y sus trayectorias educativas en el territorio. Eso también es prioridad y no requiere de mayores presupuestos.

Portal APU.uy:. Cuando hablamos de cuidar al que cuida, ¿Cómo es la actividad o la proyección del INISA con respecto a la atención emocional de estos funcionarios que se pueden ver frustrados por no poder desarrollar sus actividades como debería ser y que terminan impactando negativamente en la población que deberían beneficiar?

AV:. En realidad en este periodo no se ha trabajado de forma adecuada lo que tiene que ver con la salud ocupacional y se necesitarían planes de acompañamiento a los educadores y también terapias y entornos grupales donde trabajar esta esta conflictividad.

Porque además, es real que después de dos o tres años trabajando en privación de libertad existe un desgaste emocional, un desgaste físico, que no se está hoy en día atendiendo; entonces esos son aspectos que la institución debería atender que no lo está haciendo.

Lo que se creó fue una academia de formación para los educadores y los trabajadores pero eso quedó sin sustento, sin contenido. O sea, no se han dado cursos de capacitación que sirvan para los educadores y para los técnicos de la Institución.

Entonces, esas dos patas hay que atenderlas; por un lado las capacitaciones, porque eso también ayuda a generar herramientas nuevas que, de repente no las estamos viendo como educadores pero que después en la práctica, ayudan también a lo que es la salud ocupacional y, por otro lado la salud ocupacional en sí. Poder trabajar con los educadores en forma individual o grupal las cuestiones que van surgiendo, que suceden y que nos impactan en el cuerpo, en lo emocional, en la vida diaria de las personas