Lo que inicialmente apareció como una reestructura empresarial rápidamente escaló hacia un conflicto que hoy involucra al sindicato de trabajadores, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a legisladores nacionales y que vuelve a instalar un debate de fondo: cómo compatibilizar la transformación tecnológica de los medios con la protección del empleo y los derechos laborales. 

El detonante

El lunes 27 de julio comenzó la comunicación individual de los despidos. Según la información manejada por la Asociación de Empleados de Teledoce (ADET), los ceses alcanzan aproximadamente a 25 trabajadores pertenecientes a distintas áreas del canal.

La organización sindical sostuvo que las desvinculaciones se produjeron sin que previamente la empresa informara oficialmente el alcance de la reestructura a la directiva sindical, pese a que desde hacía semanas el gremio venía solicitando reuniones para conocer los cambios proyectados.

Ante ese escenario, ADET resolvió declararse formalmente en conflicto; iniciar un paro por tiempo indeterminado; no participar en reuniones con Recursos Humanos hasta ser recibidos por la dirección del canal y mantener las medidas hasta nueva resolución de la asamblea sindical.

La otra decisión que preocupa al sindicato

Los despidos no fueron la única decisión empresarial. En una comunicación formal fechada el 27 de julio —copia de la cual circuló públicamente la Sociedad Televisora Larrañaga notificó a ADET su decisión de “denunciar el convenio colectivo firmado el 9 de diciembre de 2005”.

La carta, firmada por la gerenta de Recursos Humanos, Lorena Grimón, señala que la denuncia se realiza respetando el mecanismo previsto en el propio acuerdo y que el convenio dejará de tener efecto al finalizar su plazo de prórroga, el 1.º de diciembre de 2026.

El documento no desarrolla las razones empresariales que motivan esa decisión. Para el sindicato, en cambio, esta resolución implica la pérdida de derechos conquistados durante más de dos décadas y constituye uno de los ejes centrales del conflicto.

¿Qué dice ADET?

El presidente de ADET, Rubén Hernández, ha insistido en que el problema excede la situación puntual de Canal 12. Tras comparecer ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sostuvo que el conflicto refleja una transformación profunda que atraviesa toda la industria audiovisual.

Su planteo no cuestiona la incorporación de nuevas tecnologías sino la forma en que se implementan. Según expresó, si las empresas prevén procesos de automatización o cambios tecnológicos deberían comunicarlo con suficiente anticipación para permitir procesos de capacitación y reconversión laboral.

También cuestionó que, en lugar de reconvertir trabajadores con experiencia, las empresas recurran crecientemente a modalidades de contratación más precarias o de menor costo.

La reunión en Diputados

La comparecencia del sindicato ante la Comisión de Legislación del Trabajo permitió instalar el conflicto en la agenda parlamentaria.

Durante la instancia, los representantes sindicales expusieron la situación de los trabajadores despedidos; la denuncia del convenio colectivo; la preocupación por la precarización laboral y la necesidad de abrir una mesa permanente para discutir el futuro del sector audiovisual.

ADET planteó que el desafío tecnológico afecta a toda la industria de medios y no únicamente a Teledoce, por lo que reclamó una discusión más amplia entre empresas, trabajadores y Estado.

¿Qué ocurrió en el Ministerio de Trabajo?

El pasado martes se desarrolló una instancia tripartita convocada por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), con participación del sindicato y del Ministerio de Trabajo, mientras que estuvo ausente la esperada representación de la Empresa.

De acuerdo con las declaraciones posteriores del sindicato, el ministro Juan Castillo quedó comprometido a mantener gestiones con la dirección de Canal 12 para intentar abrir un camino de negociación. Mientras tanto, el paro continúa y será la asamblea de trabajadores la que determine los pasos siguientes.

La posición de la empresa

Hasta ahora, la comunicación pública conocida por parte de Sociedad Televisora Larrañaga ha sido esencialmente institucional. La empresa notificó formalmente la denuncia del convenio colectivo; que la decisión respeta los mecanismos previstos en dicho acuerdo y que éste permanecerá vigente hasta el vencimiento del plazo correspondiente.

No se han difundido explicaciones públicas detalladas acerca de los fundamentos económicos de la reestructura, los criterios utilizados para los despidos y en lo que respecta al modelo de reorganización empresarial que pretende implementar. Esa ausencia de explicaciones ha sido uno de los aspectos más cuestionados por el sindicato. 

Más allá de los despidos: el debate sobre el futuro de la televisión

El conflicto ocurre en un momento especialmente complejo para la televisión abierta. La caída sostenida de la audiencia tradicional, la migración del consumo hacia plataformas digitales, el crecimiento del streaming y la fragmentación del mercado publicitario vienen modificando el modelo económico de los medios audiovisuales.

Para los trabajadores, esa transformación no puede traducirse exclusivamente en reducción de personal. Para las empresas, el desafío consiste en mantener la viabilidad económica en un mercado cada vez más competitivo.

Es precisamente allí donde este conflicto adquiere una dimensión que trasciende a Canal 12, ya que pone sobre la mesa el debate acerca de cómo modernizar una industria sin deteriorar las condiciones laborales de quienes la sostienen.

APU eleva el conflicto a una dimensión nacional y reclama una intervención activa del Estado

El conflicto laboral en Canal 12 dejó de circunscribirse a una negociación entre empresa y trabajadores para transformarse en un asunto que comienza a movilizar a las principales organizaciones sindicales del país y a actores del sistema político.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado de carácter urgente en el que manifestó su "más profundo rechazo" a la decisión adoptada por la dirección de Teledoce de despedir a 25 trabajadores y respaldó expresamente las medidas resueltas por la Asociación de Empleados de Teledoce (ADET).

Sin embargo, el pronunciamiento de APU va más allá del respaldo gremial. La organización sostiene que los despidos deben analizarse en el marco de un proceso más amplio de transformación de las relaciones laborales en la industria audiovisual y advierte que, antes de los ceses comunicados el 27 de julio, ya se habían producido otras desvinculaciones durante el último mes, además de la reducción de convocatorias a unos quince trabajadores eventuales que prestaban servicios sin vínculo laboral permanente.

Desde esa perspectiva, APU interpreta que la decisión empresarial no constituye únicamente una reestructura interna, sino que refleja un modelo de reorganización basado en la sustitución progresiva de puestos de trabajo dependientes por modalidades de contratación más flexibles, como las unipersonales y otras formas de tercerización, que reducen costos para las empresas y debilitan las garantías laborales históricamente conquistadas. Esa valoración representa la posición institucional del sindicato y no ha sido reconocida públicamente por la empresa.

Del conflicto sindical a la agenda política

El conflicto también comenzó a recorrer el ámbito político. Mientras la Dirección Nacional de Trabajo convocó una instancia de negociación tripartita entre la empresa y ADET, representantes del Consejo Directivo Central de APU, junto con delegados del sindicato de Canal 12, mantuvieron reuniones con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y con legisladores de la bancada del Frente Amplio, encabezados por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

El objetivo, según informó la organización, fue exponer los alcances de la reestructura y explorar alternativas institucionales que contribuyan a preservar el empleo y los derechos laborales.

Paralelamente, los representantes de ADET comparecieron ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, donde expusieron su preocupación por los despidos, la denuncia unilateral del convenio colectivo y el impacto que, a su juicio, está teniendo la automatización y la precarización sobre el empleo en el sector audiovisual.

El Ministerio de Trabajo, bajo presión

Uno de los aspectos más relevantes del comunicado de APU es el llamado explícito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que asuma un papel más activo en la conducción del conflicto.

La organización solicita que la Dirección Nacional del Trabajo ejerza una mediación estricta, especialmente después de que la empresa notificara formalmente la denuncia del convenio colectivo vigente desde 2005. Para APU, la negociación no debería limitarse a discutir los despidos ya ejecutados, sino también las condiciones laborales que regirán en adelante para el conjunto de los trabajadores que permanecen en la empresa.

Un conflicto que interpela al futuro de los medios

Más allá del caso concreto de Teledoce, el conflicto instala una discusión de mayor alcance sobre el proceso de transformación que atraviesan los medios de comunicación tradicionales.

La incorporación de nuevas tecnologías, la automatización de tareas, la tercerización de servicios y la creciente flexibilización de las modalidades de contratación constituyen fenómenos que exceden a una sola empresa y que ya forman parte del debate sobre el futuro del trabajo en la industria audiovisual.

En ese escenario, las posiciones aparecen claramente definidas. La empresa ha comunicado formalmente la denuncia del convenio colectivo y avanza con su proceso de reestructura.

ADET denuncia pérdida de derechos laborales y exige negociación. APU entiende que existe una estrategia de precarización que requiere intervención institucional. El Ministerio de Trabajo procura abrir espacios de diálogo y el Parlamento comienza a involucrarse a través de su Comisión de Legislación del Trabajo.

Un conflicto que apenas comienza

Por ahora, el escenario permanece abierto. Los despidos ya fueron ejecutados. El convenio colectivo tiene fecha de caducidad anunciada para diciembre. Las negociaciones continúan bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Según pudo saber Portal APU.uy el jueves 6 de agosto está prevista una reunión en la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado en horas de la tarde sobre este tema.

Y el conflicto ha dejado de ser únicamente un problema interno de Teledoce para transformarse en un caso de estudio sobre el futuro de las relaciones laborales en la industria audiovisual uruguaya, donde convergen reestructuración empresarial, innovación tecnológica, negociación colectiva y preservación del empleo en uno de los sectores de comunicación más relevantes del país.