En un contexto regional e internacional marcado por el deterioro de las condiciones para informar y el auge de la desinformación digital, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) instaló formalmente este lunes la Mesa de Seguridad para el Ejercicio del Periodismo. El ámbito, concebido como una "ventanilla única" de resguardo y articulación, reúne a representantes del Estado, organismos internacionales, la academia y la sociedad civil en el Palacio Legislativo.

La iniciativa busca pasar de las buenas intenciones a un formato de funcionamiento concreto que frene la precarización laboral, la judicialización abusiva de las investigaciones, la violencia digital y el hostigamiento político, problemáticas que amenazan no solo a los trabajadores de prensa, sino al derecho humano fundamental de toda la ciudadanía a recibir información veraz y de calidad.

Los cuatro pilares y las alertas locales

Durante el acto inaugural, el presidente de APU, Rody Olivera, advirtió que la defensa del periodismo libre no responde a un privilegio corporativo, sino a una obligación con la sociedad. “Un micrófono, una cámara, una firma o un diario no son un permiso para hacer daño, sino una responsabilidad. Cuando alguien usa el periodismo para mentir, extorsionar u operar, está traicionando el pacto con la sociedad”, señaló Olivera, recordando que la institución cumplió recientemente 82 años de historia.

El documento fundacional de la mesa estructura la defensa del sector sobre cuatro pilares:

La verdad como método y la ética profesional como el mejor "chaleco antibalas" frente al odio y las fake news.

El acceso a la información pública, exigiendo que leyes de vanguardia no queden en letra muerta ante presiones, despidos o demandas abusivas.

El derecho al ejercicio libre, combatiendo la precarización económica, la multitarea precarizada, la judicialización de informes y la cancelación política o del narcotráfico.

La seguridad física, recordando que aunque Uruguay se mantiene al margen de las cifras fatales de otras latitudes (donde Gaza se perfila como el cementerio más grande de periodistas en la historia contemporánea), el país ya lamenta el asesinato de Julio César Da Rosa (Radio del Centro de Artigas) y enfrenta episodios crecientes de agresiones, amenazas y atentados con balazos a hogares de comunicadores.

Por su parte, la secretaria general de APU, Myriam Caprile, enfatizó la distinción deontológica entre ética, derecho y el compromiso ineludible con la verificación de fuentes en una era hiperconectada donde cualquier ciudadano con un celular emite contenidos sin contrastar.

Un respaldo interinstitucional sin precedentes

La mesa cuenta con la participación activa de los tres poderes del Estado, agencias de la ONU y la academia, los cuales manifestaron su adhesión y disposición a designar equipos de trabajo operativos.

La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Iliana da Silva, destacó que la violencia digital y el hostigamiento hacia quienes preguntan o divergen del poder político "llegaron para quedarse", y comprometió el apoyo de la secretaría para la creación de protocolos de atención y acompañamiento.

En tanto, el director de comunicación institucional de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, reafirmó el rol de la justicia como última garantía de los derechos humanos y valoró el espacio de formación continua con operadores judiciales.

Desde Fiscalía General de la Nación, Agustina Cestau transmitió el saludo de Mónica Ferrero, destacando la importancia de compatibilizar el derecho ciudadano a la información con las reservas legales de las investigaciones penales para proteger a víctimas y testigos.

Ernesto Fernández Polcuch (director de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo) e Stefano Pettinato (representante del PNUD) recalcaron la necesidad urgente de abrir canales de diálogo directo con las empresas tecnológicas y plataformas digitales (principales fuentes actuales de violencia contra mujeres periodistas), así como de entrenar a las fuerzas de seguridad en el trato con la prensa durante protestas y movilizaciones.

Participaron también representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, el Observatorio de Medios de la FIC (Udelar) y el Ministerio del Interior, cuyas autoridades destacaron el rol vital de la prensa en operativos de búsqueda de personas, como la reciente implementación de la Alerta Amber.

El cierre de la sesión contó con la presencia de la presidenta del Senado, Carolina Cosse, quien ratificó al Palacio Legislativo como la "Casa de la Democracia" y ofreció todo el apoyo institucional del Parlamento para consolidar marcos normativos que sigan el ritmo vertiginoso de los cambios tecnológicos.

La creación de esta mesa en Uruguay no surge en un vacío regional; por el contrario, responde a una creciente preocupación global por el declive de las garantías democráticas y los entornos hostiles para la prensa. Al contrastar el modelo uruguayo con las experiencias de otros países de la región y del mundo, se aprecian marcadas diferencias de enfoque y severidad:

Durante las intervenciones de la mesa, varios delegados (como Facundo Franco (Observatorio de Medios de la FIC) e Iliana da Silva) señalaron a Argentina como un espejo de extrema preocupación.

Mientras que en Uruguay se institucionaliza una mesa de diálogo y cooperación interinstitucional con respaldo estatal, en Argentina el clima político ha estado marcado por la deslegitimación o estigmatización sistemática de la labor periodística desde las más altas esferas del poder presidencial.

El uso de redes sociales para el hostigamiento coordinado y la descalificación de medios independientes ha provocado un retroceso notable en los índices de libertad de expresión y un aumento de la autocensura, alertando a los observatorios académicos del Río de la Plata sobre la fragilidad de los consensos democráticos.

Próximos pasos

La Mesa de Seguridad para el Ejercicio del Periodismo acordó llevarse el documento conceptual y las propuestas orgánicas para su análisis interno en cada institución participante. Se prevé un nuevo encuentro formal en un plazo de quince días para definir los nombres definitivos de las comisiones de trabajo, la periodicidad de las reuniones bimensuales y la designación de los delegados de campo que darán operatividad a este histórico escudo democrático uruguayo.