El presidente paraguayo Santiago Peña formalizó este jueves su dimisión a la jefatura de Estado, forzado por una severa crisis institucional derivada del colapso de Ueno Bank. La bancarrota de la entidad provocó la intervención de la banca matriz y el bloqueo de recursos pertenecientes a cerca de tres millones de clientes, incluyendo fondos de previsión social. El descontento de los ahorristas e irregularidades operativas vinculadas a su persona precipitaron el fin de su mandato.

La decisión de Peña se produjo de forma paralela al inicio del debate de juicio político en la Cámara de Diputados, instancia impulsada por legisladores opositores y respaldada por sectores de la cúpula parlamentaria del propio Partido Colorado. La acusación constitucional apuntó a supuestas omisiones de supervisión ante transferencias sospechosas entre empresas asociadas a la estructura accionaria del mandatario. Su salida busca frenar la agitación social y estabilizar el sistema.

En un mensaje grabado, el mandatario defendió su gestión y justificó su paso al costado: «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay». Peña pidió disculpas a la ciudadanía y remarcó que su prioridad es garantizar la devolución del dinero mediante los mecanismos de protección estatal.

Tras el anuncio, el Congreso inició los procedimientos para activar la sucesión presidencial mediante el vicepresidente Pedro Alliana. En paralelo, el Banco Central y el Poder Judicial mantienen activas las pericias técnicas y judiciales sobre la directiva de la entidad intervenida para restituir depósitos y reabrir el mercado.