A raíz de la pandemia de Covid-19, personas con discapacidades o alteraciones en el desarrollo han recibido su tratamiento de forma virtual. Sin embargo, el pasado 5 de agosto de 2021 la Unidad de Discapacidad de BPS informó que, a partir del 16 de agosto, los centros y equipos interdisciplinarios que proveen los tratamientos deberán hacerlo de forma presencial, eliminando las Ayudas Extraordinarias a quienes no acepten recibir esta presencialidad.

El portal APU.uy entrevistó a Mariela Méndez y Federico Veiga, presidenta y secretario de la Red de Centros Interdisciplinarios, quienes explicaron con más detalle esta situación y sus posibles consecuencias.

“Esta prestación (las Ayudas Externas) es un derecho que los beneficiarios tienen porque pagan BPS entonces sus hijos tienen el beneficio de recibir atención [...]. Se está apostando a quitar este beneficio que es la posibilidad que tienen los gurises y los adultos de ser rehabilitados para tener una mejor calidad de vida”, comentó Mariela Méndez. Esta obligatoriedad pone a las personas que reciben tratamiento en una situación complicada, ya que la presencialidad de sus visitas puede ser algo difícil de realizar, ya sea por tener patologías de alto riesgo, problemas de movilidad o por no haber accedido a la vacunación, como informa un documento de la Red publicado el 9 de agosto de 2021. 

Además, según anunció el Banco de Previsión Social (BPS), es responsabilidad de quienes proveen los tratamientos informar a las y los beneficiarios si ya no pueden acceder a subsidios debido a la falta de presencialidad, algo que, como menciona Federico Veiga, también deja a los y las proveedores en una situación incómoda: “Yo me pregunto, si hay un padre que plantea y manifiesta, como en todos los centros pasa, que no quiere arriesgar la vida de su hijo, que ya tiene de por sí, en muchísimos casos, una salud comprometida, ¿por qué nosotros tenemos que obligarlos a consecuencia de que sino pierdan su derecho a la atención?”

A partir del 16 de agosto, si una persona beneficiaria falta al 25% de las sesiones presenciales, se le descontará el 100% de las prestaciones que recibe, algo que también afecta el trabajo y las condiciones de los centros interdisciplinarios: “Esto hace inviable la vigencia de los centros porque te imaginarás que nosotros a los técnicos no podemos decirle: che, mirá que el niño no vino, y como BPS me va a descontar todo el mes de este niño yo te tengo que descontar a vos del sueldo”, en palabras de Federico Veiga, agregando que “ningún técnico en su sano juicio va a aceptar esas condiciones laborales”.

La punta del iceberg

Actualmente, alrededor de 130 centros interdisciplinarios conforman la Red, con más del 80% dependiendo de las Ayudas Especiales. Desde sus orígenes en 2008 el vínculo de la Red con BPS ha llegado a ser conflictivo, y en 2019 se realizan unas mesas de diálogo entre ambas partes para discutir lo escrito en el Reglamento de Ayudas Extraordinarias de 2015, el cual Federico Veiga y Mariela Méndez consideran como “muy complicado” para los centros, tanto en lo referente al contralor y los tratamientos como en el control de cómo se brindan las prestaciones. Después de unas instancias de diálogo técnicos y técnicas de la Red comienzan a escribir un documento llamado Mesa de Diálogo, el cual de todos modos no llegó a firmarse en 2019 con las autoridades del gobierno anterior.

En 2021 este documento continúa en discusión, pero las nuevas autoridades resuelven que no tendría vigencia, pero que sus discusiones servirían como insumos para un futuro reglamento, estableciendo de todos modos la vigencia de algunos de sus puntos que, según Federico Veiga, benefician solamente a BPS. Sin embargo, es pedida a BPS una futura reunión para discutir el resto de los puntos de la Mesa de Diálogo, reunión que hasta ahora no ha tenido lugar.

De esta manera, lo sucedido el 5 de agosto aparece como un momento importante en un largo conflicto entre la Red de Centros Interdisciplinarios y BPS. Ante esta situación, Mariela Méndez espera que se pueda seguir brindando la atención necesaria a personas discapacitadas y con alteraciones en el desarrollo, teniendo en cuenta que, como menciona Federico Veiga: “No hay un plan b en esto [...]. Los equipos técnicos con los que cuentan los centros a nivel país y la infraestructura no los tiene ni el sistema mutual privado ni el sistema de ASSE”.