La Suprema Corte de Justicia (SCJ) firmó con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), un acuerdo que permite trasmitir, vía streaming, aquellos juicios que se consideren de interés público y periodístico
El acuerdo fue firmado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez; la Secretaria Letrada de la SCJ, Dra. Gabriela Figueroa; la Presidenta de APU, Nancy Leite y por el Secretario General de APU, Rody Olivera.
El evento tuvo lugar en la sala Sala Odriozola del histórico Palacio Piria. sede de la SCJ. El cometido de dicho acuerdo es el de “promover y facilitar las condiciones necesarias para la transmisión por streaming en plataforma propia de una señal libre que registre en vivo la actividad desarrollada en el transcurso de las audiencias de interés público”, lo que permitirá “superar las limitaciones que presenta la falta de recursos del Poder Judicial” para implementar el principio de publicidad del proceso.
Por otra parte este paso permitirá que, en adelante, se pueda dar cumplimiento al artículo 9 del Código del Proceso Penal (CPP=, que plantea que “el proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas”, excepto por las restricciones específicamente marcadas en el Código.
El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, además de destacar la importancia de este paso, comentó que en cada audiencia se evaluará lal pertinencia de su transmisión en función del interés público que puedan tener. Aun así “en todos los casos estamos supeditados a la autoridad del juez, los jueces son los directores de los procesos [...] el juez va a decidir en qué caso será posible o no la transmisión dentro de la audiencia”, aclaró
Oxandabarat, agregó que con esta modalidad de trabajo, y mediante la transmisión a través del Portal APU.uy se podrán superar las limitaciones de espacio en las salas de audiencia, que suele ser el argumento habitual de los magistrados para impedir el ingreso de la prensa.
Cabe consignar que el periodista Xabier Lasarte, integrante de APU, poseedor de una extensa trayectoria en materia parlamentaria y judicial, será el encargado de realizar una evaluación de cada una de las trasmisiones que sean trasmitidas. “La opinión pública tiene el derecho de acceder a toda la información, esta es una práctica muy común en otros países”, afirmó el colega.
También se destacó especialmente que estas trasmisiones no tendrán un costo para el Estado, ya que APU realizará la tarea a través del aporte militante de trabajadores y trabajadoras que integran la "bolsa de trabajo" del sindicato.


